En siete meses sucedieron tragedias en San Andrés, Meta y Santa Marta, con denuncias por presuntas irregularidades que serían la causa de las muertes.

El evento sísmico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano y tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

Los transportadores aseguran que cada buseta debe cubrir costos de administración, conductor, mantenimiento mecánico, impuestos, Soat y otros seguros.

Se desconocen las causas o hipótesis del hecho. La comunidad presume que el atentado iba dirigido a la fuerza pública.