Estos son resultados de las acciones sostenidas que adelanta en el departamento del Guaviare, para proteger a la niñez y cerrar el paso a las estructuras armadas ilegales que atentan contra sus derechos.

La Alcaldía Distrital de Santa Marta ha estado trabajando de forma incansable para superar las contingencias generadas por el colapso del puente sobre el río Mendihuaca, como resultado del tránsito de un frente frío que generó intensas lluvias por más de 30 horas continuas y que afectó la conectividad vial de las comunidades rurales de la ciudad.

Por lo menos 15 familias del caserío San Tropel, área de la vereda Mendihuaca, jurisdicción del corregimiento de Guachaca en Santa Marta, viven su propio drama muy similar al de los habitantes del Cerro Zarabanda en Gaira, por los efectos que dejó el paso del frente frío por la región Caribe a comienzo del presente mes. Fueron más de 60 personas las que sufrieron por los embates de la naturaleza representados en una avalancha y la creciente del río que metros más adelante hizo colapsar el puente sobre el afluente, ubicado en la carretera Troncal del Caribe, situación que tiene incomunicados a los departamentos de Magdalena y La Guajira.

La administración distrital consolida el proceso de registro oficial en el Registro Único de Damnificados – RUD, con un balance preliminar de 3.194 familias damnificadas, 164 viviendas destruidas y 869 averiadas.

A través de varias de sus dependencias, la Alcaldía mantiene presencia en el territorio, priorizando la atención integral a las familias más afectadas y acompañando los procesos de recuperación y reconstrucción en la ruralidad.

El proyecto de ley de amnistía para presos políticos en Venezuela aguarda para su segunda y última discusión en el Congreso, en medio de cuestionamientos de ONG, activistas y familiares que advierten que el texto excluye a militares detenidos, exiliados y varios períodos de arrestos.

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia, Margot Ayala, renunció a su cargo en medio de una polémica por la venta de gasolina en mal estado, denunciada por transportistas y reconocida por el Gobierno de Rodrigo Paz.

El informe entregado por Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres señala que por lo menos hay 33 personas heridas y 15 desaparecidas.

La de mayor número en la historia canadiense fue en abril de 2020 que dejó 23 muertos en la provincia de Nueva Escocia.